Para el vicepresidente Lenín Moreno, las críticas que recibió el Gobierno ecuatoriano por parte de EE.UU., Australia y los países europeos en materia de libre expresión, reforma judicial, derecho a la protesta social y trabajo infantil pueden analizarse desde la lógica del vecindario. “Es más fácil que mi vecino, el que siempre está de visita, me entienda más que aquel al que le cuentan las cosas”. Moreno fue ayer la cabeza de la delegación ecuatoriana, en el inicio del segundo Examen Periódico Universal (EPU), que se desarrolla en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra (Suiza). En ese foro mundial, la evaluación del desempeño ecuatoriano tuvo un corte transversal: hemisférico.
Mientras los países europeos y anglosajones expresaron sus preocupaciones por la situación de los DD.HH. , las naciones de América Latina, con excepción de Costa Rica, fueron mucho más generosas frente a los avances que exhibió el país en política social, cuatro años después de que se sometiera a la primera evaluación en esta materia (ver recuadros). Más que un intenso trabajo de ‘lobby’ diplomático por parte del Ecuador -que sí lo hubo- para convencer a su vecindario de que lo apoyaran en esta evaluación, lo que se notó en el EPU fue la polarización de dos regiones. Esta es la lectura que hacen dos fuentes diplomáticas al explicar por qué el Ecuador recibió un espaldarazo latinoamericano, pero, por otro lado, el tirón de orejas de europeos y norteamericanos. El EPU es un mecanismo nuevo en el seno de las Naciones Unidas, pues se inauguró en el 2008. Su principal ventaja, anotan las fuentes consultadas, es que pone a todos los países al mismo nivel de escrutinio y debate político. Es decir, que si antes el compás de las evaluaciones en materia de DD.HH. lo marcaba las naciones más influyentes, ahora estos procedimientos están en manos del concierto internacional a través de los 47 miembros del Consejo de DD.HH., así como de los demás gobiernos que se inscriben como participantes para una determinada evaluación. Una segunda explicación tiene que ver con el hecho de que A. Latina siempre tendrá problemas similares en temas de inclusión política y económica, protección a la infancia o la falta de garantía de una plena independencia de poderes. Mientras que en Europa o EE.UU. las miradas sobre política antiterrorista o despliegues militares tendrán códigos que la mayoría de países de Sudamérica difícilmente comprendería. Es por ello que los latinos y los europeos se cuidan entre sí para recibir apoyos en los exámenes posteriores. Esa correlación de fuerzas se sintió ayer en Salón XX de DD.HH. cuya cúpula colorida fue creada por el artista catalán Miquel Barceló en el 2008. En total intervinieron 75 naciones. Cada una habló por un minuto y medio. Antes, lo hizo Moreno al leer su informe de 25 minutos donde aseguró que no se puede hablar de DD.HH. mientras los gobiernos no hagan una apuesta seria a la lucha contra la pobreza y la marginación. Y a pesar de la mayoría de países resaltó estos indicadores, la posición de los europeos en materia de libre expresión y reforma judicial fue contundente, lo que obligó al Gobierno a insistir en varios pasajes de que en Ecuador no se persigue ni a periodistas ni a opositores. El examen a 5 temas claves Libertad de expresión y de prensa 17 países criticaron al Gobierno Las críticas las abrió Bélgica, país que no es indiferente al presidente Rafael Correa por la nacionalidad de su esposa. Esa nación dijo que en Ecuador se persigue a periodistas y se abusa con las leyes penales. Costa Rica pidió al Gobierno ajustarse a los principios internacionales en materia de libertad de expresión, posición compartida por Canadá. Inquietudes similares salieron de Francia y Alemania, pero fueron más firmes las posiciones de Estonia y Letonia. Este último incluso pidió que con agilidad Ecuador invite a los relatores de Libertad de Expresión de diversos organismos. Posturas similares tuvieron Luxemburgo, Austria, Noruega, Eslovaquia e India. Las más críticas, no obstante, salieron de Suiza, Suecia, el Reino Unido, EE.UU. y Australia, que advirtieron que en el país se vive un clima de autocensura. Reforma judicial Autonomía de jueces, bajo lupa El Gobierno, liderado por la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, advirtió que el proceso de reforma judicial iniciado desde la consulta del 2011 promete transformar la administración de este poder. Cambios de infraestructura, la creación de una escuela de jueces y elección de los mismos bajo mecanismos de “méritos” fueron las credenciales que el Ecuador pretendió mostrar. Incluso el canciller Patiño dijo que la nueva Corte es la única de la región que tiene paridad de género. Sin embargo, no fueron pocos los países que demandaron señales claras desde el Estado para garantizar la independencia de esos jueces. Costa Rica fue uno de esos gobiernos críticos. Pero las reflexiones más duras salieron de EE.UU., cuyo delegado señaló que el Ecuador difícilmente está logrando la autonomía del Poder Judicial. Informe del gobierno Aplausos a la política social Sin duda, los avances sociales fueron los temas que Ecuador mostró como sus fortalezas en este segundo EPU. Los programas para proteger e incluir a las personas con discapacidad se llevaron los aplausos de casi todos los delegados. En especial de las naciones de A. Latina que tomaron la palabra. Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Argentina fueron más generosos en con sus observaciones. También hubo reconocimientos de parte de Chile y Uruguay. Colombia fue agradecido con la política de ayuda a refugiados que huyen de su conflicto. Mientras que Irán no solo elogió la política económica, sino sus avances sociales. Esta nación planteó, como hecho paradójico, que se mejoren las políticas de género. Brasil también pidió no dejar las buenas políticas sociales para mejorar los niveles de desigualdad... Protesta social Inquietud por juicio a dirigentes Lo dijeron Alemania, Suecia y Suiza: los grupos indígenas y otros sectores críticos con el Gobierno deben tener garantías para su protesta social y que sus acciones no terminen en persecución. De esta forma, el EPU derivó en un tema escabroso para el Gobierno: la intolerancia política. El Gobierno dijo, en palabras de Patiño, que su país no persigue a los opositores y que el único preso por manifestaciones es el dirigente de la FEUE, Marcelo Rivera, por los disturbios ocasionados en la U. Central. La ministra Pesántez dijo que las reformas penales se enfocarán a combatir los delitos por sabotaje. Sin embargo, la principal alerta en este tema planteó España al señalar que dos decretos pretenden regular a las ONG. Y EE.UU. demandó investigar la mala conducta de la Policía. Patiño dijo que el país no tortura a personas. Trabajo infantil Dudas sobre las cifras oficiales Las cifras de la reducción del trabajo infantil del vicepresidente Lenín Moreno no convencieron al auditorio. Para Francia, Alemania, Noruega, Suecia, entre otros, es importante que Ecuador se comprometa con fuerza para erradicar este grave indicador. Según el Gobierno, “la incidencia del trabajo infantil ha caído del 17% al 5,8% en el 2011 y se ha erradicado el trabajo de los niños en los botaderos. Pero los europeos dijeron que no eran suficientes esos esfuerzos y que el Estado debe garantizar el reconocimiento de los niños recién nacidos para así acompañarlos en su desarrollo. La crítica se enfocó a las poblaciones rurales alejadas. Moreno insistió en no desmerecer los logros. “A veces las críticas provienen de una desinformación que han recibido los países y los digo sin ninguna mala intención”.
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