Ayer, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas entregó a la delegación ecuatoriana el Proyecto de Informe sobre Avances y situación de los Derechos Humanos en el Ecuador, para que este sea adoptado en el pleno de la sesión. El documento fue entregado al embajador Luis Gallegos, quien tiene a su cargo la representación diplomática de Ecuador ante las Naciones Unidas.
“Estamos presentando otro rostro al mundo, el rostro de un país solidario en el que conviven armónicamente todas sus nacionalidades y pueblos”, señaló Gallegos, durante la recepción del informe, según un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir de ayer, los países tendrán dos semanas para revisar la redacción del proyecto. Luego de ello, podrán realizar las observaciones que consideren necesarias, pero el contenido del documento no podrá ser modificado. La aprobación definitiva del reporte se realizará en septiembre próximo, durante la sesión del Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el documento se recogen las 67 observaciones que fueron presentadas por los países que conforman la Troika (República del Congo, Cuba y Suiza). De ellas, 61 contaron con el respaldo pleno del Ecuador, porque se refieren a áreas en las cuales el Régimen ya está trabajando. El delegado de Cuba, Rodolfo Reyes, en representación de la Troika, resaltó que numerosas delegaciones reconocieron y felicitaron al Ecuador por sus avances en materia de DD.HH. Esencialmente en temas sociales. Sin embargo, las tres recomendaciones vinculadas con la libertad de expresión fueron rechazadas por el Gobierno ecuatoriano. Una de ellas es reformar la legislación para adecuarla a la normativa internacional dictada y a lo que dispone la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Ante esto, el Ecuador respondió que el Ecuador solamente se acogerá a lo que dispone la Convención Americana de DD.HH., que establece la obligatoriedad de cumplir solamente con las disposiciones de la Corte Interamericana, mas no de la CIDH. Tampoco se acogió la petición de eliminar las leyes que penalizan la opinión y aceptar las solicitudes de visita de la OEA y los relatores especiales de los EE.UU. y para la libertad de expresión. Para el Régimen, en el país no se criminaliza la opinión. “Ecuador mantiene en pie su invitación a todos los relatores especiales”, dijo. Finalmente se excluyó el establecimiento de procedimientos de consulta para los pueblos indígenas, en temas que afecten sus derechos. Pero el Ejecutivo aseguró que realizar una consulta previa es un derecho, pero no se pedirá su consentimiento.
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