Hay varias formas de leer las conclusiones y recomendaciones que se formularon luego del segundo Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió el Ecuador, esta semana, en el Consejo de DD.HH. de la ONU. Una de ellas es la numérica. Y sobre las cifras que este método refleja, el Gobierno ha construido parte del discurso desde el cual proyecta que el examen lo aprobó con una buena calificación. Es decir, hubo 67 resoluciones, sobre las cuales, en palabras de la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, hubo consenso en un 97% de todo el documento, donde la política social del Régimen fue reconocida por el mundo.
En ese sentido, el discurso oficial puede asegurar también que de las 67 recomendaciones que constan en el segundo EPU, en 61 el Gobierno está ya trabajando de manera determinada para fortalecer sus compromisos externos. Sin embargo, son las lecturas jurídica y política las que dan otra relevancia a la rendición de cuentas que el Gobierno ecuatoriano dio en materia de DD.HH. Desde ambas ópticas, el documento elaborado por el Grupo de Trabajo que lideró la Troika (Suiza, Congo y Cuba), despierta un cúmulo de interpretaciones. Por ejemplo, está el tema de la libertad de expresión. Para Juan Gasparini, periodista argentino que cubre de forma permanente los debates de la ONU en la sede de Ginebra, que 17 países hayan mostrado su preocupación en este campo, es un ‘campanazo’ que Ecuador no debe dejar de oír. “Es un reclamo significativo”, apunta este analista más allá de que estas preocupaciones se hayan consolidado solo en 8 de las 67 recomendaciones del texto. Mauricio Alarcón, director de Proyectos de Fundamedios, coincide con esa tesis. Asegura que las preocupaciones por la libertad de expresión las recogieron los países que en cualquier medición de estándares internacionales sobre democracia lideran las posiciones estelares: Canadá, Suecia, Suiza, Francia, España, Australia… La lectura jurídica también abre otras interrogantes. ¿Por qué el Gobierno aceptó de manera plena solo tres de las 67 observaciones sobre temas instrumentales de las políticas de DD.HH.? Alarcón señala que si un país como Ecuador está consciente de sus compromisos y luchas por estos derechos, debería haber aceptado, de manera plena, no tres sino las decenas de recomendaciones de la comunidad internacional. El hecho de que Ecuador se haya adherido a 61 recomendaciones, pero argumentado que sobre ellas ya adelanta tarea, abre una nueva discusión política. Gasparini se pregunta, por ejemplo, en qué leyes que están en debate o a punto de entrar a vigencia se incluirán las sugerencias. Los ejemplos en materia de libertad de expresión, en ese sentido, abundan. La ley de medios, pendiente en la Asamblea, o el Código de la Democracia, que se zanjará en la Corte Constitucional, tomarán o no en cuenta las posiciones de países como EE.UU., Suiza o Suecia, que le han pedido a Ecuador ceñirse a lo que manda la Declaración Universal de DD.HH., en su artículo 19. Adicionalmente, Gasparini apunta que no deja de ser contradictorio que Ecuador haya negado de manera absoluta la posibilidad de que en el país existan leyes que “criminalicen la oposición”. “¿En qué quedan entonces las penas que hace poco impuso la Justicia contra diario El Universo y los periodistas que escribieron el libro ‘El Gran Hermano’?”. Para el periodista argentino hay que admitir que el presidente Rafael Correa perdonó las sentencias de este caso, pero los fallos ya han causado jurisprudencia”. Aquí resalta también la posición ambigua del canciller Ricardo Patiño, el pasado lunes. Él insistió en el Salón de DD.HH. de Ginebra, ante el concierto de las naciones, que su país ha diseñado mecanismos de consulta previa a los pueblos indígenas, cuando hace poco Carondelet vetó la Ley Legislativa, que explicaba los plazos que seguirían en este tema. Pese a la ambigüedad del discurso oficial, el Gobierno rechazó la última recomendación del informe, asegurando que la Constitución ya permite el derecho de consulta no vinculante y que el país respeta y reconoce la determinación de los pueblos que buscan mantenerse en aislamiento. Desde esa perspectiva, surge otra interrogante: ¿Resulta eficaz el mecanismo del EPU para, precisamente, tener un panorama claro de lo que sucede en el país en materia de DD.HH.? Gasparini dice que la responsabilidad de las Naciones Unidas está en hacer estas evaluaciones y, de forma permanente, tomar el pulso al acontecer de una nación. Para Hèléne Sackestein, miembro de Reporteros Sin Fronteras, lo importante es que la sociedad civil de Ecuador, desde todos los espacios disponibles, tenga la posibilidad de verificar el cumplimiento de los compromisos que Ecuador hizo esta semana en el Consejo de DD.HH. Y si, en realidad, el Gobierno ha trabajado en los temas que fueron materia de las 61 recomendaciones, donde se supone ya está generando avances. “Esa no es responsabilidad de la ONU, es de ustedes”, señala esta activista. Gasparini quiere saber si el Gobierno ecuatoriano, tras aceptar que en el país se está trabajando en la protección a periodistas y otros activistas sociales del acoso y los ataques, como lo sugiere la resolución 135.40, ¿será el presidente Correa el primero en bajar el tono a sus cadenas nacionales, enlaces sabatinos? Un extracto del informe sobre Ecuador Lo que rechaza Ecuador. No acepta recomendaciones de eliminar las leyes que criminalizan la opinión y que se acepte la visita de los relatores de la libertad de expresión de la ONU y de la OEA. Dice que las invitaciones están abiertas para esos funcionarios. En libertad de expresión. Rechaza reformar su legislación en temas mediáticos en conformidad de estándares internacionales que plantea la CIDH. No ven competencia jurídica directa de la Comisión Interamericana de DD.HH. sobre los estados. Leyes ‘sin restricciones’. El Gobierno ecuatoriano también argumenta que en el país no existen cuerpo legales que criminalicen o pongan en riesgo la protesta social. Consulta prelegislativa. Insiste que al existir en la Constitución el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, rechaza la recomendación de Alemania de establecer mecanismos de consulta claros. Lo que acepta Ecuador. El Gobierno está dispuesto a ratificar el Protocolo Opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño; los ajustes a nuevos instrumentos en DD.HH. y la ratificación del Convenio 189 de la OIT al trabajo doméstico para mujeres. Avances en política social. Son 61 temas que en su mayoría se refiere a continuar y profundizar con la política social iniciada y vencer la pobreza. Impulsar con más fuerza acciones que defiendan a los sectores vulnerables como niños, mujeres y adultos. La Reforma Judicial. Doce países, entre ellos Costa Rica, piden que la reforma judicial dé muestras firmes de estar buscando la independencia política. Libertad de prensa. En el informe se pide al Gobierno garantizar la integridad de periodistas y activistas sociales que son agredidos y acosados. Canadá, Australia y Luxemburgo son claves en este punto.
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